lunes, 8 de junio de 2009

DEFORESTACIÓN CERO: un reto social y ambiental impostergable

En el diario El Universal, 6 de junio de 2009

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/44405.html

“Si el acuerdo climático post-Kioto fracasa en evitar la deforestación de los trópicos, la meta de alcanzar los objetivos de la lucha contra el cambio climático será virtualmente imposible.”
Bharrat Jagdeo, Presidente de Guyana.

Uno de los sectores de mayor importancia para la reducción de las emisiones de Gases a Efecto Invernadero (GEI) en México y en el mundo, es el forestal.

En efecto, los bosques cubren el 15% de la superficie terrestre del planeta, y contienen 25% del carbono en la biosfera. Sin embargo,13 millones de hectáreas desaparecen cada año. Una pérdida considerada como el segundo factor más importante en el calentamiento global ya que los bosques no sólo absorben el dióxido de carbono si no también mantienen altos niveles de evaporación, coadyuvando así a la regulación de las temperaturas en la Tierra. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el cambio de uso de suelo y la explotación intensiva de los recursos forestales representan entre el 15 y 20% del total del CO2 emitido en la atmósfera.

Para evitar la deforestación y contribuir de manera decisiva a la mitigación de las emisiones de GEI, ha emergido la estrategia de REDD, Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, una solución para promover la conservación de los bosques y la deforestación evitada, especialmente desde los mecanismos de “mercados de bonos de carbono” del Protocolo de Kioto.

REDD surge internacionalmente en 2005 como una estrategia integral para la reducción de emisiones provocadas por la deforestación y degradación forestal, y se ha convertido en un elemento central del Plan de Acción de Bali, marco de las discusiones sobre el tratado post-Kioto que debe ser abordado en diciembre en Copenhague. Se trata grosso modo de que los países en desarrollo con cobertura forestal que logran reducir la deforestación y degradación de los bosques, y las emisiones de CO2 derivadas, sean compensados financieramente mediante distintos mecanismos, como por ejemplo los “pagos por servicios ambiéntales” (PSA) o los mercados de bonos de carbono, cubiertos por un fondo al que abonan los países que puedan pagar.

México es uno de los países megadiversos del mundo y ya forma parte de los países elegibles para una estrategia de REDD. Sin embargo, la puesta en marcha de un mercado de carbono en el sector forestal mexicano resulta complicada e incluso perversa si no se consideran a las comunidades que viven en las zonas forestales.

De entrada, para funcionar en México, el sistema REDD deberá estar concebido como parte de una estrategia nacional e integral, y vinculado a un objetivo fechado de deforestación cero. Si uno impone una política de no deforestación en una zona, la deforestación puede ser transferida a otra que no tenga dicha política. Implementar la estrategia a nivel nacional garantizaría que se evitarán esas fugas o, al menos, que el Estado tenga la responsabilidad de evitarlas o sancionarlas.

Otro problema es la corrupción de las autoridades, o la falta de ellas, es decir la necesidad de reforzar la ley. Esto resulta difícil en países en desarrollo como México, con altos índices de pobreza, poca cultura de la legalidad, mala preparación, equipo y seguridad de las autoridades encargadas de aplicar la ley, así como falta de financiamiento para pagar a las autoridades salarios justos y poder contratar personal suficiente.

Pero más que todo, REDD debe tomar en cuenta que en México y en los países en desarrollo las tierras forestales son en su mayoría propiedad de las comunidades vulnerables, que a través de la protección y manejo de los bosques son los proveedores de servicios ambientales tales como la recarga de los mantos freáticos indispensables para la sobrevivencia de todo el planeta. Por lo tanto, la estrategia debe proporcionar beneficios reales, medibles y verificables no sólo para el clima y la biodiversidad, sino también para esas comunidades que habitan las zonas forestales.

Por ello será necesario crear los mecanismos institucionales para pactar los precios, yendo más allá del simple pago del costo de oportunidad al dueño de las tierras forestales. Dicho método demasiado fácil e evidente se ha convertido en la actualidad en la panacea de los hacedores de política ambiental en México, convirtiéndose en un pago perverso para mantener el status quo de las comunidades, sin considerar sus necesidades de desarrollo, y fomentando la especulación en el corto plazo sobre el rendimiento de la tierra.

En ese sentido, es también indispensable incorporar al sector agrícola, con el objetivo de interrumpir el principal driver de la deforestación: el cambio de uso de suelo. En este nuevo esquema, les estamos pidiendo a dichas comunidades que cambien su modo de producción y que así como hoy son dependientes del mercado de los productos de la explotación forestal intensiva, mañana lo sean de un mercado financiero de bonos de carbono. Se trata de empoderar a las comunidades de su proceso de conversión económica, generando las capacidades de organización comunitaria y de gestión de sus propios recursos para desarrollar nuevas herramientas de crecimiento.

En conclusión, para tener éxito, la estrategia de REDD en México tendrá que tener un enfoque integral y contemplar aspectos sociales que en el pasado han sido ignorados o puestos de lado. De esa forma, las estrategias ambientales pueden representar oportunidades para generar un verdadero desarrollo, equitativo y sustentable.